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Empalme entre Santos-Duque se hace sobre un charco de sangre: coordinador campaña Petro

BLU Radio. Líderes sociales asesinados / Foto: Suministrada.

Hay preocupación por la muerte líderes sociales. Este jueves hubo otro asesinato en Tumaco.

 Por: Redacción Digital BLU Radio

El coordinador de la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia, Jorge Rojas, confirmó en BLU Radio una denuncia que hizo el propio Petro en sus redes sociales en el sentido de que Ana María Cortés, asesinada este miércoles, había recibido amenazas de parte del comandante de la Policía de Cáceres, Antioquia.

“Yo hablé con ella por teléfono y tuve comunicación permanente con ella durante la campaña. Ella me informó que el jefe de la Policía tenía una actitud intimidante y amenazadora contra ella y otro líder social”, dijo.

Añadió que, dadas las circunstancias, él puso en conocimiento de la Presidencia de la República estos hechos.

“Había un hostigamiento y una amenaza constante que nos generó todo tipo de preocupación. Lamentablemente no hay respuestas contundentes por parte del Gobierno Nacional. Se permitió que se dio vía libre a este tipo de intimidaciones”, puntualizó.

En ese sentido, Rojas se mostró preocupado de que la transición de gobiernos se esté dando “en medio de un charco de sangre”.

Rojas manifestó que desde las elecciones hasta hoy van 19  personas asesinadas y eso obedece a un “patrón de comportamiento” y le corresponde a la Fiscalía investigar quién da la orden.

Vea aquí: Líder asesinada había sido amenazada por comandante de Policía de Cáceres: Petro

“Hay un hecho objetivo y es que están matando la gente y la están matando porque lidera causas sociales, más allá de las causas políticas”, dijo.

Al asesinato de Ana María Cortés se suma la muerte del líder social Luis Barrios Machado, ocurrido el martes en el municipio de Palmar de Varela, Atlántico, y el de Felicinda Santamaría en el municipio de Quibdó, Chocó, quien era presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Virgen Del Carmen.

Mientras tanto, hombres armados, sin mediar palabra, asesinaron el pasado martes a Margarita Estupiñán Uscátegui, presidenta de la Junta de Acción Comunal, JAC, del barrio El Recreo, de la vereda Vaquerío, corregimiento Llorente de Tumaco, departamento de Nariño.

Mientras tanto, la Iglesia católica se mostró preocupada por estos hechos y manifestó su rechazo a los mismos en un comunicado.

Centro Democrático pide descabezar el enfoque de género de la Justicia Especial para la Paz

OLGA PATRICIA RENDÓN MARULANDA | Publicado el 27 de junio de 2018
Desde que el Acuerdo de Paz se firmó con las Farc, el Centro Democrático ha insistido en que debe eliminarse el enfoque de género, el mismo que fue celebrado por instancias internaciones como ONU Mujeres.
Después del plebiscito el Centro Democrático logró la reducción de las menciones a la población LGBTI, que en La Habana había sido considerada una víctima que merecía capítulo aparte, así como las mujeres, por haber sufrido estigmatización, violencia sexual, control social, entre otros.

El nuevo episodio se da en la reglamentación de la JEP, en la que el Gobierno dio el brazo a torcer y aprobó la eliminación de la sigla LGBTI en casi todo el proyecto de ley.

Le puede interesar: Hoy Santos se juega la última carta para la JEP

El acuerdo al que llegaron la subcomisión del Senado, liderada por la senadora Paloma Valencia, y el Gobierno fue conocido por EL COLOMBIANO, y en él se destaca, por ejemplo, en el artículo 1, numeral h, el proyecto originalmente expresaba: “Enfoque de género. A fin de garantizar la igualdad real y efectiva y evitar la exclusión, en todas las actuaciones y procedimientos que adelante la JEP se aplicará el enfoque de género, entendido como el reconocimiento y transformación de las relaciones desiguales de poder que subordinan a las mujeres y a la población LGBTI, producen discriminación, desigualdad de género, condicionan la garantía y goce efectivo de derechos y el acceso a bienes y recursos.

Si bien las relaciones desiguales de género son preexistentes al conflicto armado, en los procedimientos ante la JEP se tendrá en cuenta que aquellas se instrumentalizaron, exacerbaron y acentuaron durante el conflicto, profundizando los daños, las consecuencias y los impactos de la violencia en la vida de las mujeres y de la población LGBTI”, con las modificaciones quedaría así: “A fin de garantizar la igualdad real y efectiva y evitar la exclusión, en todas las actuaciones y procedimientos que adelante la JEP se aplicará el enfoque de género. Si bien las relaciones desiguales de género son preexistentes al conflicto armado, en los procedimientos ante la JEP se tendrá en cuenta que aquellas se instrumentalizaron, exacerbaron y acentuaron durante el conflicto, profundizando los daños, las consecuencias y los impactos de la violencia en la vida”.

Esta propuesta, además del Centro Democrático, ha sido pedida también por el partido Mira, que es cristiano. Por su parte, desde varias organizaciones que trabajan por los derechos de los LGBTI es desconocerlos.

COLOMBIA INGRESARÁ A LA OTAN ANUNCIA JUAN MANUEL SANTOS

Colombia será socio global de la Otan, lo  que significa que será el primer país latinoamericano en hacer parte de la alianza. Continua de esta manera asumiendo un rol delicado: ser la Israel de Suramérica.

En medio de los obstáculos para lograr la implementación de los acuerdos de paz y los altos índices de violaciones a los derechos humanos,  el gobierno colombiano se mantiene firme en su  papel de ayudar a Estados Unidos en la desestabilización de sus países vecinos.

Una noticia lamentable.

http://www.europapress.es/internacional/noticia-santos-anuncia-ingreso-colombia-otan-20180526044451.html

A 28 años del asesinato del Candidato Presidencial Bernardo Jaramillo, un luz de justicia para su caso

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BAJO LA PALMA. Por Silvia Arjona Martin, PBI Colombia

SU DISFRAZ DE MUERTE, SU DISFRAZ DE VIDA. Por Roland Higuita

QUERIDA PRIMERA PERSONA DEL PLURAL. Por ROLAND HIGUITA

RESISTIR EN LAS AGUAS DEL NAYA

Navegar las aguas limpias del río Naya es satisfactorio para los sentidos. Una frondosa vegetación irrumpe nada más dejas el océano Pacífico para adentrarte en esta cuenca: un zigzagueante camino fluvial en cuyas orillas se salpican 64 comunidades negras, todas ellas pertenecientes al Consejo Comunitario del Naya[1]. Están ahí desde tiempos ancestrales, “concretamente 338 años de vida”, según explican Enrique Chimonja y Maru Mosquera, miembros de la Comisión Intereclesaial de Justicia y Paz (CIJP), organización que venimos acompañando en PBI desde hace también algunas décadas. Para cualquiera que ha habitado y recorrido esta zona es un orgullo hablar del uso colectivo que las poblaciones negras, indígenas y mestizas le dan a este territorio, lo que le ha convertido en una referencia de biodiversidad para el mundo. “En el Naya puedes encontrar fuentes hídricas abundantes y limpias, bosques repletos de todo tipo de vegetación y fauna y suelos sanos”, me enumera Chimonja asegurando la importancia de donde estamos. Pero su situación estratégica, tras conectar los departamentos Valle y Cauca con el océano Pacífico cruzando, a su vez, la Cordillera occidental colombiana, le han convertido en una de las rutas más estratégicas -clave para el tráfico de drogas y de armas[2]– y, por ende, en uno de los problemas más impactantes para sus pobladores.

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Casas palafíticas de las comunidades afro del Naya.
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Sergio, de PBI, camina por el interiror de una de las comunidades afronayeras.

II

Don Fausto[3], un líder comunitario que me aprieta sus agrietadas manos al saludar, se muestra contento al vernos y nos recibe con entusiasmo. Entramos acompañando a la CIJP y a algunos miembros del Consejo Comunitario en lo que podría llamarse una misión humanitaria de verificación tras los últimos incidentes ocurridos en las aguas de esta cuenca[4], hechos que tienen atemorizada a su gente. Quizás por ello, la mirada de Don Fausto busca confidencia y desahogo y pronto me cuenta que está muy preocupado. Me habla bajito, casi en susurros, a pesar de que no hay nadie cerca, y me explica que hay desconfianza, que ya la gente no es tan sociable y que ahora todos prefieren callar. “Entiendo, es compleja la situación después de…”, le digo a modo de coletilla porque imagino que mis palabras no le ayuden para nada. Y me callo para no rememorar el dolor de estos días, cuando cuatro compañeros de la comunidad desaparecieron en aguas del río sin que nadie haya sabido por qué razón ni quiénes han cometido tales hechos. Y parece evidente que las redes clandestinas de informantes surgidas alrededor de los actores de contiendas siguen constituyendo “uno de los mecanismos permanentes del terror cotidiano”[5]. El pasado parece reaparecer en las entrañas de las comunidades negras como si su trayectoria no estuviese marcada por la incansable lucha de un pueblo golpeado por todos lados.

Instalandonos en comunidad
El equipo de PBI instalando banderas para visibilizar su presencia en el territorio y llamando a la casa para avisar de la llegada.

III

Fue el pasado 17 de abril el último día que se vio a Hermes Angulo Zamora, Obdulio Angulo Zamora y Simeón Olave Angulo, miembros de la misma familia, quienes navegaban a la altura de Puerto Merizalde -la cabecera municipal de las comunidades afronayeras situada a unas dos horas en barca desde Buenaventura-, sin que nadie supiese hacia dónde se dirigían. Tras esto y después de días en que la familia alertara de los hechos, la Defensoría Regional del Pacífico junto con la Personería se adentraron el 5 de mayo por el río en busca de Iber Angulo, hermano de las víctimas quién había sufrido amenazas por el mero hecho de buscar a sus seres queridos. El objetivo de la misión humanitaria era sacarlo de su comunidad San Juan Santo, por los riesgos altos que tenía, y desplazarlo a Buenaventura. Pero en mitad del recorrido, a la altura de Santa María, la lancha fue abordada por un grupo armado que reclamaba a Iber, llevándoselo sin más argumentos que la violenta amenaza de unas cuantas armas que apuntaban cargadas[6]. La operación quedó abortada y el mensaje de ataque a una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo saltó las alarmas a nivel internacional ante el peligro de la situación en el Naya[7].

IV

“No ha sido fácil para el Consejo Comunitario después de su constitución en 1993”, explica Enrique Chimonja en un ejercicio de rememorar la historia de esta comunidad mientras la visitamos. Esto ocurrió gracias a la Ley 70, con la que se reconocieron a las comunidades negras de los ríos de la cuenca del Pacífico de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, con su identidad cultural y con el derecho a la propiedad colectiva[8], entre otras medidas. Pero a pesar de la famosa norma que protege lo comunitario, los conflictos por el control de esta zona han sido constantes generando numerosos desplazamientos de familias enteras debido a las amenazas sufridas.

La incursión paramilitar del 2001[9] [10], perpetrada por paramilitares del Bloque Calima todavía se recuerda en las retinas de quienes la sufrieron. Su objetivo fue controlar el territorio debido a que eran ya algunos proyectos extractivistas los que estaban planificándose en la región, “especialmente en el río por su alta riqueza en yacimientos de oro”, según explica Chimonja, así como intereses del negocio de la coca[11]. Este grave hecho ocasionó “el crimen de Juana Bautista[12], la mujer con discapacidad que fue violada y asesinada por los paramilitares y significó el desplazamiento forzado interno de alrededor de mil familias que huyeron hacia las quebradas de su territorio, como lugares más seguros”, continúan nuestro acompañado desmembrando cada uno de los injustos momentos que aún les perduran en las entrañas.

Tuvo que ser este crimen el que removiera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para otorgarles medidas cautelares de protección a las 64 comunidades del Consejo Comunitario del Naya[13], a pesar de que dicha norma parece en el olvido por los innumerables incumplimientos. Porque, según Chuimonja, “la fuerza pública debe ofrecer un control perimetral para que los actores ilegales no ingresen en el río y causen afectaciones a la comunidad”; es decir, deben controlar todo lo que se mueva por el cauce pero sin entrar a las comunidades, porque eso las pone en riesgo, aunque no siempre se cumpla.

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Entramos en la comunidad afro de San Francisco con mujeres indígenas del Resguardo Joaquincito, nativo también del río Naya. Foto: FOR – Peace Presence

V

“Pero ante un escenario tan peliagudo, ¿de dónde sale la energía para resistir?”, le pregunto curiosa a Maru y Enrique sabiendo de la resiliencia y la fortaleza incansable que siempre presenta el pueblo colombiano tras conocer algunas de estas comunidades en nuestro viaje. Porque hasta este caudal donde ahora estamos han tenido presencia las FARC, el ELN, los paramilitres del Bloque Calima y Pacífico, han llegado empresas extactivistas, ha navegado el narcotráfico y también se ha militarizado sin que la gente pueda hacer mucho para oponerse a estas imposiciones; siendo la desaparición de los compañeros afronayeros la última consecuencia de esta ensalada de factores. Y por eso ha sido necesario un espacio para pensarse en colectivo durante el pasado fin de semana, en formato de Asamblea Extraordinaria y en Puerto Merizalde, a donde han llegado personas de todas las comunidades. El objetivo: abordar decisiones coherentes para que nadie ni nada siga vulnerando y violando sus planes de vida ancestral.

Elena y Sergio, compañerxs del área de Reconstrucción del Tejido Social de PBI, han estado apoyando a familiares de los cuatro desaparecidos desde un enfoque psicosocial y de protección. Porque ahora las culpas y los dolores se hacen más punzantes y las herramientas para sanar ese remolino de emociones son cada vez más necesarias. Incluso para nosotrxs no es fácil, y terminamos este acompañamiento sin saber mucho de la familia Angulo: cómo están, qué sienten, qué piensan…; y nos marchamos con la incertidumbre de qué riesgos tendrán mañana, de qué nuevos miedos esconderá la selva. Pero aún con el ceño fruncido, seguimos analizando esta extraña realidad porque pensamos que ése es nuestro aporte: acompañar, incluso desde una mirada ajena, para que estas comunidades logren vivir como ellas reclaman.

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Elena, Sergio y Silvia con Enrique Chimonja en un momento del acompañamiento integral de PBI a la CIJP y a las comunidades afronayeras.

VII 

Salimos del río Naya en silencio, el mismo que la boyante vegetación nos regala mientras nos acercamos de nuevo al Pacífico dejándonos llevar por la corriente aguas abajo; el mismo que envuelve a las comunidades acorraladas por la desconfianza de las últimas semanas, quizás meses; ése que esconde la verdad oculta, los gritos sordos, los sonidos callados de esta gente hermosa, fuerte, empoderada, luchadora, resistente.

Y salimos con la certeza de que la lucha por sus apuestas colectivas sigue más viva que nunca, ésas que les sirven para demostrar al mundo que “sí es posible administrar un territorio y afirmar la gobernanza y la autonomía sin recurrir a la violencia”, tal y como nos desmenuza Chimonja y Maru al finalizar este recorrido fluvial en sus empeños por visibilizar y valorar los esfuerzos de las comunidades negras del Pacífico por resistir y reexistir en las aguas del río Naya.

Misión acabada
Termina la  misión de acompañamiento en el puerto de Buenaventura. Foto: Damien Fellous

 

Silvia Arjona M.

Notas de pie

[1]Prensa Rural: Consejo Comunitario de la Cuenca del Naya.

[2]Fundación Ideas para la Paz (FIP): Dinámicas del conflicto armado en el sur del Valle y norte del Cauca y su impacto humanitario. 2013

[3]Debido a los riesgos que corren las personas que habitan el Consejo Comunitario del Naya, hemos cambiado algunos de los nombres que aparecen en esta crónica.

[4]CIJP: Desaparecidos tres afronayeros miembros del Consejo Comunitario. 22 de abril de 2018.

[5]Informe del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA): Colombia: el caso del Naya. Pedro García y Efrain Jaramillo. 2008.

[6]Defensoría del Pueblo Colombia: Grupo armado secuestró en el río Naya a un hombre protegido por la Defensoría. 5 de mayo de 2018.

[7]Onu: Naciones Unidas exige liberación de 4 personas desaparecidas en el Naya y urge a que se respeten las misiones humanitarias, 9 de mayo de 2018.

[8]Congreso de Colombia: Ley 70 de 1993 (Agosto 27) “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”, 31 de agosto de 1993

[9]Rutas del Conflicto: Masacre en el Naya.

[10]Verdad Abierta: La masacre de las Auc para escapar del Naya. 20 de octubre de 2011.

[11]Verdad Abierta: Los ‘narco-motivos’ detrás de la masacre de El Naya. 29 de marzo de 2011.

[12]CIJP: Juana Bautista Angulo Hinestroza. 15 de abril de 2009.

[13]CIDH: Medidas Cautelares a las comunidades afrodescendientes de Buenaventura, Colombia. 2 de enero de 2002.

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Comunicados

Sigue la alerta máxima para las comunidades del cañón del río Cauca.

Compartimos el siguiente comunicado:

_*Por el derecho a la verdad sobre Hidroituango!!*_

_*Las comunidades afectadas exigimos información clara, veraz, suficiente y oportuna*_

#LiberenElRíoCauca
#HidroituangoUnDesastre

El gran problema ambiental y social ocasionado por #Hidroituango que ha afectado severamente la tranquilidad, los proyectos de vida, los medios de subsistencia y las viviendas de las comunidades ribereñas de 17 localidades en cuatro departamentos, llegando incluso a amenazar la vida de más de 120 mil personas, está siendo manejado por los mismos que lo causaron. Han difundido de manera engañosa que el problema se soluciona acelerando el muro de Hidroituango. Nada más alejado de la realidad.

Las informaciones que se brindan son precarias, contradictorias o a cuenta gotas. Da cuenta de ello la última alerta confirmada hace unos minutos y de la que desde anoche se solicitó infructuosamente información a EPM y a los organismos de atención de emergencias que no dieron ninguna respuesta.

Toda información y decisión gira alrededor de EPM, la empresa que ocasionó el daño lo cual genera desconfianza en la zona manteniendo a las comunidades en zozobra y a la opinión pública en vilo. De esto se desprende el ocultamiento de la verdadera situación e intenciones que se dirigen más a la priorización del proyecto que a la protección de las poblaciones perjudicadas.

Los responsables de esta tragedia dicen estar trabajando por su solución pero no dan participación a las comunidades afectadas ni a sus organismos representativos como el Movimiento Ríos Vivos Antioquia. Parte de este manejo excluyente es el sesgo informativo en el que se oculta y manipula la realidad de lo que viene sucediendo así como la verdadera dimensión e inminencia del riesgo.

La transparencia que se reclama comprende todo lo relacionado con los aspectos técnicos, administrativos y de corrupción que han rodeado la realización de este megaproyecto cuya suspensión demandamos en aras del principio de precaución y el derecho a la vida de las comunidades humanas y del ambiente en su conjunto que están en riesgo.
Reclamamos de la empresa EPM y de los gobiernos Nacional, departamental y locales información clara, veraz y suficiente sobre lo que está sucediendo; es el derecho de las comunidades y del país.

Así mismo demandamos a los organismos de control que descorran este velo y garanticen que el derecho a la información sea una realidad.

Exigimos que el Puesto de Mando Unificado también sea integrado con voceros y representantes de las comunidades afectadas para garantizar la participación y la máxima información.

_*Movimiento Ríos Vivos Antioquia y CAJAR*_
Cañón del Río Cauca,
20 de mayo de 2018. 11:30 p.m